PRIMER PASO PARA EL MANTENIMIENTO EN ENCE EN PONTEVEDRA
Aunque esta primera sentencia de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de la APDR sobre la caducidad de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán, siguen también en la propia Audiencia Nacional, otros tres recursos expuestos contra la prórroga de la concesión de Ence en Lourizán, interpuestos por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR. La compañía espera que la sentencia se conozca previsiblemente en la segunda mitad de este año y será, esta resolución judicial la que decidirá el futuro de la fábrica y si continúa o no en Pontevedra.
En todo caso esta primera sentencia favorable a la continuidad de Ence, es importante, la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) interpuso en su día un recurso contencioso administrativo con la pretensión de que se declarase la caducidad total de la concesión de la pastera en Pontevedra. La Audiencia Nacional desestimó todos los motivos esgrimidos por la APDR en contra de la concesión y la compañía destaca que entre los motivos rechazados están el argumento de que la planta genere efectos perjudiciales al medio ambiente. En su resolución judicial, los magistrados inciden en que se encuentra en vigor una Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que no se acredita que se haya incumplido. Ence añade que «esta sentenza afonda na postura que xa manifestou a Audiencia Nacional cando, en decembro de 2018, ditou unha sentenza paralela, en relación a un recurso do Concello de Pontevedra que empregaba a mesma argumentación que a esgrimida pola APDR».
Ahora queda que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la validez de la prorroga de la concesión de Ence en Lourizán, son tres recursos interpuestos por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR. Cabe recordar que en la actualidad Ence opera en Lourizán en base a una prórroga concedida por el Gobierno central, en tiempos de la presidencia de Rajoy, que le permitiría seguir en la comarca hasta el 2073. Sin embargo, tras el acceso de Pedro Sánchez a la presidencia de España se produjo un cambio de criterio interpretativo de la Ley de Costas por parte de la Abogacía del Estado que se plasmó en el allanamiento de la Administración central en los recursos interpuestos contra la prórroga, dejando sola a la empresa en la defensa de la legalidad del acto administrativo del 2016.
