REUNIÓN CON LA CONSELLERÍA DE MEDIOAMBIENTE POR EL IMPACTO EN EL TTE. DE LA NUEVA DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS DE GALICIA
El pasado miércoles representantes de la Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, se reunían con técnicos de la Consellería de Medioambiente para analizar el impacto negativo y las posibles soluciones a una problemática generada gratuitamente a las empresas de transporte de mercancías por carretera con la aprobación de la nueva Ley 6/2021 de 17 de febrero de residuos y suelos contaminados de Galicia, norma que regula la gestión de residuos en Galicia y, en la cual se aumentan las cargas administrativas innecesarias y accesorias, afectando a la competitividad del sector, y que afecta negativamente a los transportistas.
La Ley 6/2021, entre otras cuestiones, además de aumentar y complicar la gestión administrativa y documental, amplía las actividades a las que se les exige una fianza ambiental, y en este sentido, entre las nuevas actividades que tienen que constituir una fianza son el almacenamiento de residuos no peligrosos, los negociantes de residuos y los agentes y los transportistas de residuos peligrosos (art. 27.3). El establecimiento de la fianza para las empresas de transporte afecta, por un lado y principalmente, al autónomo y a las pymes, suponiendo el aumento de costes y burocracia para los transportistas y la pérdida de competitividad de las empresas gallegas frente a las de otras autonomías.
Las empresas de transporte de residuos deberán de realizar una única comunicación a la comunidad autónoma donde se ubique su domicilio social, pudiendo realizar su actividad en el resto de comunidades sin necesidad de comunicarlo a cada una de ellas, incluso aunque tengan un centro de trabajo en otra comunidad. Esto supone que si una empresa de fuera de Galicia quiere realizar una actividad de transportista de residuos peligrosos en Galicia, si la comunidad en la que tiene su domicilio social no le exige fianza (que es lo normal) está en mejores condiciones competitivas que las propias empresas gallegas puesto que no tiene que hacer frente a los costes de dicha fianza. No solo se facilita la competitividad de las empresas foráneas en Galicia sino que también se penaliza la de las empresas gallegas en el resto del Estado puesto que para realizar la actividad de transporte de residuos peligrosos entre, una empresa gallega tendría que tener una fianza ambiental habiendo empresas que pueden realizar dicha actividad a las que no le sería exigible.
