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LA UE SE POSICIONA SOBRE LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE IMPONER EL PAGO POR USO DE LAS AUTOVÍAS

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LA UNIÓN EUROPEA  SE POSICIONA SOBRE LA INTENCIÓN  DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE IMPONER  EL  PAGO POR USO DE LAS CARRETERAS (AUTOVÍAS)

 

El pasado mes de mayo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró en el Congreso que la incorporación del pago por uso de las carreteras en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia era “una señal de sintonía con las políticas de Europa”, dando a entender que era una medida necesaria para poder recibir el dinero de los fondos europeos. “Ya que queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tenemos que hacer”, señalaba el ministro.

Sin embargo, tal y como publica el diario El Mundo, a la pregunta del eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, que planteó si realmente se trataba de una propuesta o exigencia de la Comisión, la comisaria de Transporte, Adina Valean, ha señalado que no se debe a ninguna imposición de Europa y que “los planes de recuperación y resiliencia son responsabilidad de los Estados miembro”.

Esta noticia no ha cogido por sorpresa a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y a todas las asociaciones territoriales que la componen, entre ellas esta Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, que han venido advirtiendo en numerosas ocasiones que establecer un modelo de tarificación de las infraestructuras solo responde a los intereses de las constructoras, que no cejan en su empeño de instaurar el pago por uso para sacar partido y repartirse el pastel de los ingresos.

Además, la respuesta de la comisaria de Transporte pone de manifiesto que el ministro José Luis Ábalos no ha dicho la verdad y simplemente ha utilizado ese argumento para justificar una medida que pondría en peligro la viabilidad de muchas empresas de transporte, olvidándose una vez más de que el sector es vital para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de la población.

Por otra parte, hay que recordar que en julio de 2020 el MITMA se comprometió por escrito con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) a no introducir peajes sin haber alcanzado el consenso con el sector, por lo que según este compromiso, el Gobierno de España, “si cumple con su palabra”,   no debería de imponer esta medida sin acordarlo previamente con las organizaciones representativas del sector.

 


 

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